El objeto de este contrato es la operación y explotación durante los dos próximos años de una red de estaciones de medición compuesta por 73 piezómetros que Enresa instaló en el emplazamiento entre 2012 y junio 2016. El adjudicatario se encargará de “la recogida, captura, análisis y validación de datos aportados por las estaciones de la red, con el fin de abordar el análisis de los niveles piezométricos del emplazamiento y su entorno”.

Según Enresa, con la que no ha sido posible contactar, “con este servicio se mejorará el conocimiento de la evolución del nivel freático en el emplazamiento y su entorno próximo” y se obtendrán “datos aún más fiables para el modelo numérico hidrogeológico”.

Esos datos permitirán “avanzar en la precisión del modelo numérico de flujo de las aguas subterráneas, así como un mejor conocimiento del comportamiento de las mismas que permita la realización de predicciones ante diferentes escenarios”, se indica en el pliego del contrato, que tiene un presupuesto máximo (sin incluir el IVA) de 48.675 euros.

“Sucesos extremos”

Este contrato se suma al que Enresa acaba de sacar a concurso para la elaboración de un dictamen técnico sobre la resistencia de las estructuras de hormigón armado con las que se construirá el ATC a eventos como tornados, impactos de vehículos y aeronaves, terremotos “y otros sucesos extremos”.

La hidrogeología de los terrenos ha sido uno de los principales focos de preocupación de la dirección técnica del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en el proceso de licenciamiento de la instalación, cuya idoneidad ha cuestionado el regulador nuclear en varios informes desde hace años. El ATC todavía está pendiente del visto bueno definitivo del CSN y de la declaración de impacto ambiental favorable del Ministerio de Medio Ambiente. Cuenta con el rechazo expreso del gobierno socialista de Castilla-La Mancha, que ha intentado bloquearlo aunque el Gobierno ha logrado que el Tribunal Supremo interceda por el bien del “interés general”.

La última previsión de Enresa es que pueda empezar a funcionar en 2020, con cinco años de retraso con respecto al calendario inicialmente previsto.

La demora ha supuesto que el pasado 1 de julio Enresa empezase a pagar a la compañía francesa Areva una penalización de 73.000 euros diarios (511.000 euros a la semana, 2,22 millones al mes y 26,64 millones al año) para que esa entidad controlada por el Estado francés siga custodiando los residuos de la central de Vandellòs I, clausurada en 1989, tras expirar el plazo que ambas partes se habían fijado por contrato.

Una vez devueltos los residuos a España, Areva reintegraría, según el Ministerio de Energía, la mayor parte de la caución, ya que sólo recibiría lo correspondiente a los costes de almacenamiento. El ministerio no precisa esos costes, pero dice que suponen “un porcentaje bastante mínimo” de la penalización.